Ya no hay excusas

La incorporación de los acuerdos de pena al sistema penal inquisitivo, le permitirá al Ministerio Público utilizar uno de los instrumentos más efectivos que se han desarrollado en la legislación penal internacional para combatir el crimen organizado

Apesar del fuerte debate suscitado en la Asamblea Nacional de Diputados, el pleno de ese Órgano del Estado aprobó la semana pasada el proyecto de ley 245, texto legal que incorpora la figura jurídica denominada “acuerdo de penas” al sistema penal inquisitivo, de forma tal que el Ministerio Público cuente con las mismas herramientas de que dispone en el sistema penal acusatorio, para resolver los casos cuyas investigaciones se iniciaron antes de la entrada en vigencia de este régimen procesal en todo el país.

Todos sabemos que, por falta de visión o voluntad política, gobiernos anteriores postergaron largo tiempo la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, a pesar que todos reconocían la inoperancia y la falta de garantías que caracterizó, a lo largo de nuestra vida republicana, la aplicación del sistema penal inquisitivo. Se optó porque su vigencia se diera paulatinamente en los diferentes distritos judiciales, a pesar que esto implicó la existencia y/o coexistencia de dos sistemas penales y, por tanto, dos tipos de justicia en el país.

La decisión de la Asamblea Nacional de Diputados de otorgarle al Ministerio Público las herramientas legales que permitan encontrarle salida a los más de 4.000 procesos penales que se encuentran empantanados en el sistema penal acusatorio, sin duda alguna es una buena noticia para aquellos ciudadanos que se encuentran en nuestras cárceles, sin haber comparecido ante un juez, de manera que finalmente se podrá poner fin a la mora judicial que tanto se ha criticado en el país y reducir el inhumano y vergonzoso hacinamiento que caracteriza a nuestros recintos penitenciarios.

Además, la incorporación de los acuerdos de pena al sistema penal inquisitivo, le permitirá al Ministerio Público utilizar uno de los instrumentos más efectivos que se han desarrollado en la legislación penal internacional para combatir el crimen organizado y los delitos de cuello blanco, como la corrupción de funcionarios públicos, el peculado o el blanqueo de capitales. La delación premiada, por ejemplo, es un mecanismo que le permitirá a quienes confiesan haber participado en un acto ilícito recibir una rebaja substancial de la pena correspondiente, a cambio de brindar a las autoridades información que les permita conocer la verdad material de los hechos e identificar a los actores principales (los llamados peces gordos) para someterlos a la justicia, como corresponde.

En conclusión: Con la aprobación del proyecto de ley 245, el país entra en una nueva fase respecto a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre actos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos, incluyendo el escándalo de pago de sobornos o “coimas” a altos personeros de la Administración del ex presidente Ricardo Martinelli, por parte de la empresa constructora Odebrecht, a cambio de que se le adjudicaran las licitaciones para la construcción de importantes obras de infraestructura en el país.

Debemos recordar que la empresa Odebrecht no solo ha confesado ante las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza el monto de los sobornos pagados en el período 2014-2019, sino que ha manifestado públicamente su compromiso de colaborar con el Ministerio Público, respondiendo a todas las interrogantes sobre estos hechos y suministrando la documentación respectiva, lo cual abre la posibilidad de establecer acuerdos de pena con testigos clave que puedan suministrar información fiel sobre quién y cuánto recibió.

Ahora ya no existe ninguna excusa para investigar adecuadamente y llevar a prisión a quienes se enriquecieron a costa de los dineros públicos y atentaron contra la calidad de vida de todos los ciudadanos, por tanto lo que esperamos son resultados, y pronto.

Lógicamente, este proceso de investigación debe darse respetando la presunción de inocencia de los indiciados, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Sin embargo, una vez se comiencen a cerrar los acuerdos de pena con quienes han de testificar lo ocurrido, tanto en el caso de la empresa Odebrecht como de cualquier otro contratista del Estado que haya pagado coimas para adjudicarse una licitación pública, es imperante que el Ministerio Público informe a la ciudadanía sobre los avances de las pesquisas, los presuntos implicados y los hechos que se les imputan, de forma tal que los panameños, sin importar su condición económica o social, puedan conocer la verdad y constatar que los culpables están siendo sometidos a la justicia.

Es importante dejar asentado que de no hacerlo así, las dudas sobre la existencia de una justicia selectiva y manipulada que favorece la impunidad de los corruptores y los corruptos se mantendrán presentes en la mente y los corazones de los panameños, profundizando la desconfianza generalizada que existe frente a las instituciones judiciales y  la institucionalidad del sistema democrático panameño, lo cual supone un peligro significativo para la estabilidad política y económica del país. El riesgo es que la población pierda la fe en la democracia y ese es un riesgo que el país no puede darse el lujo de correr.

Redacción

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