Para jugar como los grandes hay que cumplir con las nuevas reglas

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Si algo es seguro en la vida -y en los negocios- es que estos cambian constantemente. Esto implica que para sobrevivir los seres humanos, las empresas y los países dependen de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades, en lugar de desaparecer al tratar de aferrarse a viejas prácticas que ya han sido superadas por nuevos paradigmas, lo que en este caso se traduce en un hecho fáctico: Panamá debe adoptar nuevos estándares para el manejo de la información financiera y fiscal de las sociedades anónimas y cualquier otro instrumento legal (fideicomisos o fundaciones) que pueda ser utilizado para mover capitales de una jurisdicción a otra.

El mundo de hoy exige a las empresas y las personas naturales mayor transparencia en lo que se refiere a su patrimonio, la fuente de sus ingresos, el manejo de sus finanzas y especialmente sobre el pago de sus impuestos. Se trata de una nueva realidad que refleja el gran malestar que ha generado la crisis económica y financiera de 2008, la cual dejó en evidencia que en muchos países son los trabajadores y la clase media quienes hacen los mayores aportes impositivos al fisco, generando grandes dudas sobre la forma como las clases altas y las grandes empresas aprovechan las ventajas que les ofrece la ley, y otros mecanismos menos idóneos, para pagar lo menos posible en materia de impuestos, a lo que su suma el repudio más radical al enriquecimiento mediante actos de corrupción por parte de malos empresarios y políticos de todos los pelajes, dineros que en ambos casos, terminan muchas veces en otras jurisdicciones gracias al uso sociedades anónimas offshore.

El informe final elaborado por el Comité de Expertos Independientes, estructurado por el Ejecutivo para hacer recomendaciones con el fin de incorporar las mejores prácticas en materia de transparencia e intercambio de información contable y fiscal, reconoce que el país enfrenta un momento de cambio y que debe actuar en consecuencia.

Hablamos de una realidad que Panamá no puede ignorar y que debemos afrontar con valentía y determinación, porque aun cuando este es un problema global y es cierto que existen jurisdicciones en las que la apertura de sociedades anónimas offshore es más fácil, ahora sabemos que lo que está en juego no es solo la reputación del país, que no merece ser calificado como un paraíso fiscal, sino la competitividad de toda nuestra plataforma de servicios financieros internacionales.

Además, no hacerle ajustes a las normas que regulan la conformación y administración de la información de instrumentos legales que faciliten el movimiento de capitales y el traspaso de propiedades, un negocio que representa aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, podría generar impactos colaterales que pagaríamos todos los panameños: Como una baja en la calificación de riesgo del país, lo que significaría un incremento del costo del dinero no solo para el Estado panameño, sino también para la banca local y para los consumidores.

Esto también podría afectar negativamente nuestros esfuerzos para convertirnos en el principal centro de negocios internacionales de América Latina y en el hub logístico más importante de la región, lo que se traduciría en una reducción en los flujos de  Inversión Extranjera Directa (IED) que el país recibe actualmente y de las oportunidades de empleos bien remunerados de que gozan los panameños gracias a la presencia en el territorio nacional de más de cientos de empresas multinacionales.   

Por supuesto que no hablamos tampoco de abandonar el derecho de las personas naturales a la privacidad y de establecer un registro abierto en el que toda la información financiera esté expuesta al público. De lo que hablamos es más bien de establecer los mecanismos que garanticen la disponibilidad de la información referente a las sociedades anónimas que operan en el país, y de otros instrumentos legales como los Fideicomisos y las Fundaciones de Interés Privado, lo que implica mantener registros claros no sólo de quiénes son sus accionistas, sino también de sus beneficiarios finales, así como la obligación de contar con registros contables y fiscales para suministrarlos en caso de ser requerido por las autoridades competentes.

Sin duda alguna, esto implicará un cambio significativo en el modelo de negocios de las firmas de abogados que actualmente se dedican a crear sociedades anónimas offshore, y otros instrumentos legales para el manejo de capitales y patrimonios, tanto en Panamá como en otras jurisdicciones; no obstante, la pregunta que debemos hacernos es si como país estamos dispuesto a arriesgar todo lo que hemos logrado, en 113 años de vida republicana, por mantener una estructura que favorece la opacidad y que le ha permitido a algunas personas inescrupulosas -pocas, para decir la verdad- utilizar nuestra plataforma de servicios legales para ocultar dineros provenientes de ilícitos perpetrados en otros países.

Los panameños sabemos que Panamá no es un paraíso fiscal, pero ha llegado la hora de separar la paja del trigo, de forma tal que no quede ninguna duda de nuestro compromiso como país y como sociedad de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal, y que el mundo vea nuestra voluntad de cooperar con otras naciones que así lo requieran, de forma efectiva y eficaz.

Finalmente, hay que felicitar a los miembros del Comité: Alberto Alemán Zubieta, Nicolás Ardito Barletta, Gisela Álvarez de Porras y Domingo Latorraca, así como al costarricense Roberto Artavia, por la seriedad y el compromiso con los que asumieron la tarea que les fue encomendada por el Ejecutivo y por haber mantenido la ecuanimidad ante las críticas surgidas, mientras realizaban su labor. 

Redacción

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