Listas negras, educación y migración, amenazas para Panamá II

Debilidades

A pesar de contar con una de las economías más estables y con mayor crecimiento de la región, Panamá no está libre de debilidades que afectan su desarrollo, estabilidad social, así como la calidad de vida de sus habitantes.

Una de las principales debilidades que tiene actualmente el país es su sector agropecuario, mientras otros sectores, como el financiero y logístico crecen a pasos agigantados, el agro se ha estancado a través de los años y son escasos, para no decir ninguno, los grandes capitales privados que quieren invertir en el sector agropecuario nacional.

Panamá tiene un sector agropecuario poco competitivo frente a otros países de la región, carece de grande extensiones cultivables y aparte de algunas  regiones en la provincia de  Chiriquí, la explotación agropecuaria en el país es pequeña, por lo que las cosechas son bajas.

Los productores nacionales deben hacer frente a insumos más caros, que son importados y a una mano de obra más cara en relación a países vecinos, así mismo el uso de maquinaria especial como tractores y cosechadoras es baja.

Estos y otros factores ocasionan que los productos agrícolas panameños sean más caros que los importados de otras latitudes, donde se cuenta con mano de obra masiva más económica, subsidios estatales, se utiliza maquinaria de forma intensiva o donde los fertilizantes, químicos y combustibles son más económicos.

Las importaciones de productos como arroz, cebollas, papas y maíz, por citar algunos, se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos actores económicos. Por ejemplo, en Panamá un quintal de arroz mojado y sin pilar cuesta unos $11,00, mientras que un quintal importado de arroz pilado, seco y listo para cocinar cuesta unos $8,00.

Los productores se quejan constantemente que no reciben el apoyo suficiente del gobierno para mantener su actividad y han acusado a las autoridades de permitir las importaciones de rubros como maíz y arroz y cebollas más baratos cuando ellos se encuentran en plena cosecha.

Ante esta situación muchos productores han abandonado sus actividades, dedicándose ahora a la importación o simplemente han vendido sus tierras para actividades turísticas, especialmente en las provincias de Herrera y Los Santos.

Vidal Córdoba Prado, productor de La Laguna de Pocrí, en la provincia de Los Santos, destacó que hace una década, sembraba varias hectáreas con maíz, arroz, zapallo y otras hortalizas para su venta al por mayor, negocio que era bastante rentable, sin embargo, actualmente solo siembra maíz y arroz, prácticamente para el consumo personal.

“Cada año que pasaba me costaba más caro producir una hectárea por el precio del combustible, peones e insumos y por el otro lado, los precios de venta eran los mismo y hasta bajaron, así que simplemente he dedicado estas tierras a la ganadería”, precisó Córdoba.

Gracias a las importaciones los panameños no hemos sentido de cerca la debilidad que existe en el sector agropecuario, ya que lo que no se produce suficientemente se importa y Panamá prácticamente no ha sentido nunca la escases de un producto agrícola a  gran escala.

Durante una actividad realizada en el Día del Productor, el presidente Juan Carlos Varela, reafirmó el compromiso de su administración para trabajar, junto a los productores, para  que el   campo sea más eficiente,  autosuficiente y que produzca lo necesario para asegurar la comida de todos los habitantes del país.

Sistema judicial

El sistema judicial es otra de las debilidades del país. No existe credibilidad en la labor de los servidores públicos, tanto de los que investigan delitos, como los que administran justicia. No existe confianza ni en el Órgano Judicial ni en el Ministerio Público, sobre todo porque se percibe una justicia selectiva.

Por otro lado, la mora judicial se mantiene a niveles alarmantes. La implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, con el que se esperaba agilizar los procesos, ha creado un retroceso y un abismo entre el sistema acusatorio y el inquisitivo, lo que ha perjudicado la justicia en el país.

De acuerdo con el abogado penalista, Benito Mojica, el Sistema Penal Acusatorio se ha debido iniciar en la capital para luego ramificarlo hacia el interior del país, pero lamentablemente se hizo al revés y  esto ha dado como consecuencia un caos, ya que a veces pareciera que estamos en un sistema mixto.

“El Sistema Penal Acusatorio fue un globo que se desinfló y hoy día nadie habla del mismo y de los arrestos inmediatos y llamamientos a juicio, sin embargo, el mismo opera eficientemente cuando los encargados de administrar justicia y hacer las investigaciones quieren que haya celeridad para favorecer a ciertos individuos, mientras que los procesos en el sistema inquisitivo son lentos y se han quedado pasmados”, destacó Mojica.

Durante su discurso en la Asamblea de Diputados, el pasado 2 de enero, el presidente Juan Carlos Varela, aseguró que es  imperativo para el país evitar llegar al período electoral sin que el tema de justicia y rendición de cuentas hayan avanzado, por lo que pidió al Sistema Judicial agilizar los procesos para  llegar a sentencias definitivas –ya sean condenas o absoluciones para que los responsables de la comisión de actos de corrupción rindan cuentas y los patrimonios cauteladas ingresen a las arcas del Estado.

Transporte

Una de las debilidades más visibles actualmente, y que afecta la calidad de vida de una gran mayoría de la población del país, es el sistema de transporte público, sobre todo en la ciudad de Panamá, donde todavía miles de personas esperan horas para tomar un trasporte colectivo, mientras que el servicios de taxis está prácticamente a su libre albedrío.

La poca eficacia del sistema  Metro Bus, que se vendió como una solución para sacar de circulación a los temidos “Diablos rojos”, que operaban (sin Dios ni Ley), ha hecho que proliferen los llamados busitos piratas, que al igual que los desaparecidos “diablos rojos”, operan  al margen de las normas vigentes.

Estos busitos piratas han estado involucrados en decenas de accidentes, pero lamentablemente para muchas personas que viven a las afueras de la ciudad, como en La Chorrera y Panamá Este, los mismos se han convertido en la única alternativa viable para trasladarse.

El secretario general del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac), Tomasito López, aseguró que con la entrada en operación de La Línea 2 del Metro, espera que el trasporte colectivo se normalice y los busitos piratas vayan saliendo de circulación.

Entre los planes del Sicotrac está convertirse en alimentadores del Metro y el Metro Bus, utilizando una solo tarjeta prepago. Para esto adquirirán buses nuevos en Brasil que esperan poner en operaciones en el 2017.

Por el lado del trasporte selectivo de taxis, la situación no es mejor. En este sector impera un desorden total, donde casi a diario un taxi está involucrado en un hecho delictivo.

El presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá, Rafael Reyes, calificó el 2016 como el peor año para el transporte nacional en la última década y aseguró que si habría que calificar la labor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt) del 1 al 10 esta no se merece ni siquiera una calificación por el pésimo trabajo que ha realizado.

“La Ley 14 de 1993 señala claramente quien debe prestar en este país el servicios de trasporte en sus diferentes modalidades, sea turismo, colectivo, selectico o colegial, sin embargo, hay empresas piratas que operan al margen de esta normas, sin que nadie haga nada al respecto”, precisó Reyes.

Amenazas

No hay dudas que la principal amenaza que tiene el actual gobierno y el país es el ataque sistemático y constante al sistema financiero, lo que representa un gran peligro, ya que el mismo es uno de los pilares fundamentales de la economía del país.

A pesar de haber hecho esfuerzos en esta materia y que el Centro Bancario de Panamá es uno de los más regulados de la región, el país sigue siendo visto injustamente como un centro para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

El último escándalo que sacudió el sistema financiero fue el de los mal llamados “Panama Papers”, una increíble filtración de once millones de documentos  de una de las compañías más reservadas del mundo, la firma legal Mossak Fonseca.

La filtración ha revelado cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar sus riquezas. Los documentos muestran cómo esta firma ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.

Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.

La inclusión de Panamá en diferentes listas negras y grises de organismo internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y de listas discriminatorias unilaterales de países como Francia y Colombia, buscan debilitar al sistema financiero del país, al catalogarnos como “paraíso fiscal”, donde se evaden impuestos y un centro internacional para el lavado de dinero.

Francia, a través de su ministro de Finanzas, Michel Sapin, incluyó de nuevo a Panamá en su lista de paraísos fiscales e instó a convocar una reunión de los países de la Ocde para que hagan lo mismo, lo primero ya ocurrió,

El gobierno panameño, por su parte, ha informado  que ejecutará con la mayor rapidez posible el proceso de evaluación de sus sistemas financiero y fiscal, el pilar de la estrategia para hacer frente a los papeles de Panamá.

Francia insiste en que Panamá no le da información sobre empresas y ciudadanos franceses que podían estar evadiendo impuestos.

Sobre el sistema financiero panameño también está el   Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), norma de alcance extraterritorial, exigida por EE.UU., que está pensada para que ellos reciban información y no emitirla.

Panamá decidió firmar el acuerdo para la aplicación de esta norma. El no hacerlo, traería como consecuencia la exclusión de nuestras instituciones bancarias del sistema financiero internacional.

Además el país está bajo la férrea vigilancia de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), un organismo inter-gubernamental, cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de la lista Clinton, que prácticamente llevó a la quiebra al Grupo Wisa de la familia Waked, entre otros.

Según el analista financiero y bancario, Ernesto Bazán, para mitigar los efectos de las listas negras y presiones de organismos como la Ocde, se debe fortalecer la relación comercial con los bancos corresponsales a través de mayores negocios.

Igualmente se debe robustecer la gestión de prevención de lavado de activos bajo estándares internacionales, transparentar la información con ellos, principalmente en lo que se refiere a la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio (el banco debe anticiparse a presentar un informe de gestión a los bancos corresponsales antes que ellos lo soliciten y cuando lo hagan responder rápidamente). 

Bazán sostiene  que adicionalmente se debe reinventar el modelo de negocios, tal como lo ha hecho Suiza. Coordinar formalmente con los gremios y las entidades y autoridades oficiales para acelerar la adecuación de estándares, presentarlos y comunicarlos en forma adecuada y oportuna.

El analista le recomendó a los bancos modificar los parámetros crediticios hacia estándares de mayor rigor, constituir provisiones dinámicas, fortalecer el patrimonio a través de menores dividendos, además de efectuar un seguimiento prematuro y cercano a las deudas que presenten atraso.

Educación

Panamá presenta serios retrasos en su sistema educativo, especialmente en la educación pública y no es uno de los mejores de la región en cuanto a educación superior, a pesar que el presupuesto para Educación es uno de los más altos y de la región.

En el Presupuesto General de la Nación para el año 2017 que haciende a $21.670 millones, al sector educativo y cultural  le  corresponde $2.415 millones,  la mayor parte estará destinada al Ministerio de Educación (Meduca) con $1.421  millones, mientras que para el   Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu Ifarhu el monto es $369 millones.

La Universidad de Panamá (UP) tiene asignado $243 millones, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) $103 millones, mientras que la Universidad Autónoma de Chiriquí  (Unachi) recibirá $57 millones, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) $22 millones y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (Umip) Cuenta con $11 millones.

La baja calidad en la educación es una de las principales amenazas para el país, ya que sin una educación de calidad los panameños no podrán percibir directamente el desarrollo y crecimiento económico que registre el país y no podrá haber mejora en las distribución de las riquezas, un apartado en el que Panamá cuenta con uno de los peores índices de la región.

Panamá es líder en Latinoamérica en competitividad y se pelea el primer lugar con Chile. En la evaluación del país se puede observar que de los diez aspectos analizados lidera tres, siendo la única nación que lidera más de uno, esto son estabilidad macroeconómica, expectativa de la población y competencia de mercados.

Sin embargo, el talón de Aquiles del país sigue siendo la educación, lo que lo lleva a un séptimo lugar en el Índice de Capital Humano (ICH), realizado en el 2015 por la Universidad de Alta Dirección (UAD). Este índice es liderado por Costa Rica y Chile.

En el tema de Capital Humano se miden tres aspectos principales, siendo los que reducen el puntaje el gasto público en educación y el número de maestros por alumnos, en niveles primarios y secundarios.

Los ajustes en temas de educación y capital humano toman su tiempo en surtir efectos por lo cual, para que el país avance se necesita tomar acciones a corto plazo que tendrán efectos a mediano y largo plazo.

El ICH abarca tres aspectos, todos ellos vinculados con los conocimientos y habilidades adquiridas por un individuo a través del proceso de educación formal en todos sus niveles, además de las obtenidas en la práctica laboral y la capacitación post-gradual, así como del entorno o contexto que permiten llevar a la práctica esos conocimientos y habilidades.

Según el índice, Panamá demostró en el área educativa, resultados diversos, en la cual los indicadores de educación informal se mantienen por debajo del promedio regional, y no alcanzan a totalizar el 50% del máximo posible en este rubro, implicando un empobrecido resultado y una debilidad.

Según la UAD, Panamá debe invertir en la base del sistema educativo para mejorar el ingreso a la educación formal, aquí el país logró 0,85 puntos de un máximo posible de 2,00 y un promedio regional de 1,13.

Actualmente  en la educación persisten problemas que ni éste, ni anteriores gobiernos han podido resolver. La falta de aulas adecuadas para un mejor el aprendizaje, la formación
de los profesores y  los programas obsoletos de estudio son algunos de los asuntos que no permiten al sistema educativo público evolucionar.

Los colegios públicos deben graduar bachilleres en banca, finanzas, economía, seguros, logística, idiomas y turismo. Esto son sectores que requieren hoy mucha mano de obra, pero que no la encuentran. 

Todos los recursos del sector privado están enfilados para hacer de Panamá un país logístico, donde se muevan mercancías a todas partes del mundo. Pero para esto se necesitan personas capacitadas, para lo cual se deben destinar más recursos a la educación primaria y secundaria oficial, que son la base del país.

Si no se consignan recursos a este sector para formar a los profesionales y la mano de obra calificada que se necesita lo únicos que van a aprovecharse del boom económico que tendrá Panamá al optimizar su posición geográfica con inversiones millonarias, serán las personas con mayor preparación (nacional y extranjera), pero lamentablemente esta es la minoría de la población.

Migración descontrolada

Aunque parece un tema fácil de resolver, la migración descontrolada, especialmente de venezolanos y colombianos, se ha convertido en una amenaza para Panamá, que puede acabar con la convivencia armónica en el país.

Este tema ha hecho que por primera vez en la historia los panameños se manifiesten públicamente contra la presencia de extranjeros en nuestro territorio y que haya crecido un sentimiento xenofóbico que no era común entre los panameños, que siempre le habían abierto los brazos a los extranjeros.

El principal problema radica en la forma indiscriminada en la que se ha dejado ingresar a ciudadanos de otros países, quienes entran a Panamá con una visa de turismo y solo se les exige $100 para su estadía.

Programas como Crisol de Razas fueron duramente cuestionados al legalizar a decenas de extranjeros que supuestamente entraban a competir por trabajo con los panameños, con el agravante de cobrar menos y no requiere el pago de seguridad social y otras prestaciones.

Al inicio los extranjeros llegaron como inversionistas, luego hubo otra ola que llegó a ocupar puestos gerenciales o especializados quienes aportaban conocimientos y habilidades difíciles de conseguir en el mercado, pero últimamente se están dedicando a la buhonería y comercio al por menor, actividades que son exclusivas para ser ejercidas por panameños.

Se calcula que actualmente en Panamá trabajan cerca de 1 millón de extranjeros entre legales e ilegales en restaurantes, almacenes y hoteles, igualmente a nivel profesional y en la industria de la construcción.

El candidato presidencial por las primarias del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo, aseguró que se necesita poner orden en el tema migratorio y hacer cumplir las normas que existen en esa área.

Según Cortizo, las buenas inversiones que generen empleo para los panameños son bienvenidas, pero se deben hacer respetar las leyes en las profesiones que prohíben a los extranjeros ejercerlas.

Ricardo González Jiménez
Para Capital Financiero
Redacción

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