La justicia no puede ser selectiva

Al investigar el lavado de dinero se evade la investigación del delito de corrupción de funcionarios públicos

La decisión del Ministerio Público de emitir cargos y llamar a indagatoria a un grupo de nueve personas a las que les imputa delitos contra el orden económico del país, resultantes de las investigaciones adelantadas por las autoridades de Suiza sobre el entramado financiero estructurado por la empresa Norberto Odebrecht para ejecutar el pago de sobornos o coimas a funcionarios públicos panameños, parece más que nada un esfuerzo por aplicar la justicia de manera selectiva y desviar la atención de lo que es realmente importante para los panameños y para el futuro del país: Determinar quiénes recibieron esos dineros. 

No decimos que lo ocurrido en Suiza no deba ser investigado y sancionado por la justicia penal, de comprobarse la culpabilidad de algunos de los implicados, sino que al investigar el lavado de dinero se evade la investigación del delito de corrupción de funcionarios públicos.

Esto es importante porque, además, le abre un portillo a la defensa técnica de los imputados, porque un delito es consecuencia de otro y de no probarse en primer lugar que los dineros encontrados en Suiza fueron productos del pago de sobornos a funcionarios públicos, no se podrá probar ni enriquecimiento ilícito ni lavado de dinero, por lo que al final reinaría una vez más la impunidad, lo cual profundizará el desencanto de grandes sectores de la población con la administración de justicia y con el sistema democrático, lo cual puede llevarnos a las puertas de regímenes populistas o totalitarios, tal como ha ocurrido en otros países de la región.

Y es que al instruir cargos contra familiares del expresidente Ricardo Martinelli y ex funcionarios de su administración, así como a altos ejecutivos de Odebrecht, se hace evidente que el accionar del Ministerio Público es selectivo y no está orientado a esclarecer la verdad material de los hechos, sino que apunta a desviar la atención de la opinión pública de lo verdaderamente relevante.

Como reza la máxima del Derecho: “A confesión de parte, relevo de pruebas”, la decisión de la constructora Norberto Odebrecht de revelar la verdad sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos, no solo en Panamá, sino también en un gran número de países latinoamericanos, implica que las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos (EE.UU.) ya han corroborado que efectivamente esa empresa pagó $59 millones y recibió un beneficio de $175 millones.

Es improbable que esa empresa le haya mentido a los fiscales de ambos países, porque de descubrirse que la información suministrada por sus ejecutivos no se ajustaba a la realidad material de los hechos, los acuerdos judiciales alcanzados en ambas jurisdicciones se desplomarían y quienes hayan sido favorecidos con la aplicación de normas de delación premiada, tendrían que enfrentar todo el rigor de la justicia. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht, quien recibió una reducción de pena por su colaboración con la justicia, tendría que pagar la totalidad de la sanción que le fue impuesta inicialmente: 20 años de prisión.

Esto significa que en Panamá es poco o nada lo que hay que investigar. Lo que cabe es que el Ministerio Público -a través de los canales oficiales correspondientes- solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de EE.UU. toda la información concerniente a los funcionarios panameños que recibieron los $59 millones que Odebrecht admite haber pagado, durante el período 2014-2019, en lugar de tratar de evadir esa responsabilidad y desviar la atención de la opinión pública, sometiendo a la justicia a quienes presuntamente blanquearon parte de esos dineros utilizando cuentas bancarias en Suiza.

Además, sería prudente que el Ministerio Público amplíe sus investigaciones a varios períodos presidenciales y a otras empresas constructoras, nacionales y extranjeras, que se han adjudicado importantes licitaciones públicas. Ya que resulta difícil creer que este modelo de gestión de negocios solo haya sido aplicado por Odebrecht y que su práctica se dio únicamente en la Administración Martinelli. De no hacerlo así, terminarán por ratificar que su actuar es selectivo e, incluso, afín a los intereses políticos de la Administración Varela.

Por otra parte, es importante que paralelamente a la rectificación que debe hacer el Ministerio Público, para que el país pueda tener verdadera confianza en su actuar, el Órgano Ejecutivo debe estructurar una hoja de ruta para cerrar los vacíos legales y administrativos que han facilitado la corrupción en la administración pública, a través de casi toda nuestra era republicana, y en especial desde el retorno a la democracia, tras la invasión militar estadounidense de diciembre de 1989.

Es evidente que el país necesita una nueva Ley de Contrataciones Públicas que emule el sistema de contrataciones vigente en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de tal forma que se garantice la transparencia en los actos públicos, lo cual implica el fin de las licitaciones dirigidas y que quienes compitan en estos procesos puedan participar en el diseño de los pliegos de cargo y tengan todas las garantías necesarias para reclamar ante terceros, en caso de que surja una duda sobre lo actuado.

De nada vale que hagamos un escándalo mayúsculo por el Caso Odebrecht si, al final la experiencia no nos sirve para cerrar cualquier resquicio por el que la corrupción pueda volver a filtrarse en la administración pública con mayor fuerza y superiores astucias. 

Redacción

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