La hoja de ruta de Carrillo

Una expectativa especial generaron los anuncios de Fernando Carrillo en su posesión como nuevo Procurador General de la Nación a comienzos de esta semana. Y así fue por causa de la coincidencia del acto con las reacciones que ha provocado el desarrollo del capítulo correspondiente a Colombia del escándalo por los sobornos que la firma Odebrecht pagó para obtener contratos en los países donde ha hecho presencia.

Si la lucha contra este y otros delitos conexos siempre ha sido un tema que interesa a los colombianos, con estas revelaciones, sumadas a otras provenientes de casos de similar calado todavía frescas en la memoria de la gente, hoy es, sin duda, un asunto de máxima prioridad.

La preocupación por la corrupción está en un primerísimo plano en el debate público, lo que reduce a cero el margen de error en las acciones de las instituciones para hacerle frente; es un desafío que obliga a recurrir a personas con un perfil idóneo, con un conocimiento profundo de lo público, gracias a una destacada trayectoria, y, sobre todo, libre de cualquier sombra. Creemos, como ya lo hemos afirmado, que el nuevo Procurador cumple con estos requisitos.

Entre los anuncios del nuevo jefe del Ministerio Público en procura de dar algún grado de respuesta a esa enorme inquietud que hoy reina sobre el camino que debe tomar el Estado para que este flagelo no amenace, incluso, su propia viabilidad, hay que comenzar por subrayar uno.

Se trata de la voluntad expresada por Carrillo y las demás cabezas de los entes de control, además de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, por trabajar armónicamente en la lucha contra este problema. Un escenario que hizo mucha falta en tiempos recientes, cuando lo que hubo entre Fiscal, Procurador y Contralora fueron tensiones e intercambio incesante de dardos.

Tan digno de resaltar como lo anterior es su manifiesta intención de enrumbar al organismo por un camino opuesto al de la politiquería, entendida esta en términos de repartición de cuotas burocráticas e incluso de decisiones en función de intereses diferentes del que debe ser el único de esta institución: la defensa de los derechos fundamentales y, sobre todo, de los de aquellos sectores más vulnerables.

El reto consistente en que los parámetros éticos claves en la gestión pública no sean ruedas sueltas sino engranajes de un sistema de mayor tamaño, con un alcance que trascienda de lejos el campo de acción que la Constitución define para la Procuraduría, tiene un buen primer paso en el ‘Plan nacional de cultura de lo público’, al que se refirió Carrillo recientemente.

La consolidación de la paz, el ejercer rigurosa vigilancia para que los malos manejos no afecten derechos fundamentales, en particular el de la salud, tantas veces botín de los corruptos; la protección, insistimos, de las poblaciones más vulnerables, tanto por razones de género como étnicas o políticas, son otros desafíos que no dan espera. De la manera como los afronte dependerá que los colombianos puedan sentir la tranquilidad de que existe toda una entidad en el Estado dedicada a la protección de lo que es de todos y a que la igualdad no sea letra muerta en la Carta Política.

Editorial del diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, del viernes 20 de enero de 2017.

Redacción

Capital favorece la libre empresa, la competencia, la apertura comercial y la modernización del Estado, de manera que editorialmente está en contra de los monopolios, las barreras al comercio y todo aquello que distorsione el ambiente económico y afecte el desempeño empresarial y macroeconómico de cada país. Síguenos en Twitter @CapitalPanama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anuncie su negocio en Capital