Hay que ser firmes en la defensa de la ZLC

La actuación de las autoridades colombianas violentan las normas de la Organización Mundial del Comercio

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El pasado 3 de noviembre el país cumplió 113 años de nuestra independencia de Colombia, un hecho histórico que dio paso a la conformación de la República de Panamá. Dicha fecha histórica este año ha tenido un sabor agridulce: Precisamente, debido a la decisión de Bogotá de dar un nuevo paso en sus esfuerzos por acabar con el flujo de comercio procedente de la Zona Libre de Colón (ZLC); en esta ocasión, mediante la promulgación de los Decretos 1744 y 1745 del 2 de noviembre de 2016: Supuestamente destinados a luchar contra el contrabando y la subfacturación, mediante el fortalecimiento del control aduanero, pero que en realidad lo que procuran es proteger a la industria colombiana de textiles y calzados.

Por demás está decir que la actuación de las autoridades colombianas violentan las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que hay que recordar que desde que ese país comenzó a aplicar medidas discriminatorias contra la ZLC, hacen ya 10 años, periodo en el que las autoridades panameñas han ganado dos paneles presentados ante la Comisión de Controversias de ese organismo multilateral.

Vale la pena recordar que hace algunos meses, cuando se conoció el segundo fallo del Órgano de Solución de Controversias de la OMC, a favor de Panamá, el cual declaró los aranceles mixtos establecidos por Colombia a los textiles y calzados procedentes de la ZLC como ilegales, conforme a las normas del libre comercio y ordenó su desmantelamiento, a más tardar el 31 de octubre de 2016, este periódico advirtió en un Editorial que Bogotá estaba jugando al gato y al ratón con Panamá, ya que en cada ocasión que sus actuaciones eran declaradas ilegales, realizaba ajustes cosméticos en las normas para obligar a las autoridades del Istmo a tener que recurrir nuevamente a las instancias internacionales.

Entonces, nadie debe sorprenderse porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos asegure que Colombia ha dejado de aplicar el arancel mixto, establecido desde el 2013, conforme al fallo emitido por la OMC; porque en realidad lo que ha hecho es reducirlo levemente para luego utilizar los vacíos existentes en materia de cumplimiento de los fallos del Órgano de Solución de Controversias, y seguir prolongando su aplicación.

Hasta el momento este accionar le ha dado buenos resultados a Colombia, ya que mientras Panamá siga apegándose a la legalidad internacional, el país suramericano sabe que cuántos fallos emita la OMC serán letra muerta: Porque solo basta con hacerle algunos cambios menores para volver a empezar el juego y mientras las autoridades panameñas sigan recurriendo a los organismos internacionales, ellos lograrán su objetivo, que no es otro que impedir que los textiles y calzados procedentes de la ZLC ingresen a su mercado.

En todo caso, la actuación de Bogotá contra la ZLC nos recuerda a todos los panameños las razones por las cuales los próceres de la independencia decidieron abandonar lo que quedaba de la Gran Colombia, aquel 3 de noviembre de 1903, para constituir un país libre y soberano; pues aunque hay quienes consideran el rechazo del Tratado Herrán-Hay -que le permitiría la construcción de un Canal en Panamá a Estados Unidos (EE.UU.)- como la causa principal de esa gesta patriótica, la realidad es que ese hecho fue solo la gota que rebasó la copa, ya que el trato que le daba Colombia al Istmo de Panamá era tan calamitoso que uno de sus propios ciudadanos, Rufino J. Cuervo, llegó a decir: “El que quiera conocer a Panamá, que venga porque se acaba”.

Hoy la situación es muy diferente. Panamá hace más de un siglo no es un departamento de Colombia: Es un Estado soberano e independiente, lo cual obliga a las autoridades que lo representan a exigir a sus homólogos colombianos respeto para sus nacionales, sus empresas y su plataforma de servicios internacionales, en la que la ZLC juega un papel de vital importancia.

En consecuencia, no hay excusas que nos impidan adoptar acciones contundentes que hagan a Bogotá comprender que Panamá no es uno de sus departamentos, pues el país cuenta con una Ley de Retorsión que faculta al Ejecutivo a tomar una amplia gama de medidas contra aquellos Estados que atentan contra la estabilidad económica de nuestro país, ya que cada negocio que deja de hacer la ZLC, cada dólar que dejemos de percibir debido a acciones discriminatorias e ilegales adoptadas por Colombia, al final se traducen en menos inversión en la economía del país y en menos puestos de empleo para los panameños.

Redacción

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