El dolor de cabeza llamado Reficar

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Los sobrecostos de la Refinería de Cartagena, Reficar, siguen dando de qué hablar y, entre más se conoce sobre el caso, queda en evidencia que lo ocurrido pasará a la historia como uno de los peores desperdicios de recursos públicos. Aunque Ecopetrol pidió disculpas y argumenta estar tomando las medidas necesarias para recuperar las pérdidas por las que responsabiliza a los contratistas, las investigaciones deben explicarle al país exactamente qué fue lo que pasó y cómo van a garantizar que algo así no suceda de nuevo.

Las cifras son indignantes y exorbitantes. Según el avance de las pesquisas de la Contraloría, que adelanta una investigación sobre Reficar, existió “un presunto daño fiscal de $2.879 millones, equivalentes a 8,5 billones de pesos”, distribuidos en 36 hallazgos fiscales que detectó. Esto, para tener una referencia, es seis veces mayor que la millonaria debacle de Saludcoop. Después de analizar 177 contratos (121 de la firma constructora CB&I y 56 de Reficar), por valor de $1.730 millones, la Contraloría dijo que los hallazgos fiscales representan irregularidades por $943 millones y el resto del hueco fiscal ($1.936 millones) corresponde al dinero que dejó de producir la refinería por el retraso de 27 meses en la entrega de la obra.

La conclusión del ente de control fiscal es contundente: “Hasta el 2046 pagaremos los colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la gigantesca deuda que dejo el proyecto”. En tiempos de vacas flacas, y de una reforma tributaria que les pidió a todos los colombianos ayudar a llenar los vacíos existentes, es completamente entendible la frustración que muchos ciudadanos han expresado por ver todo el dinero perdido en este proyecto.

Además, porque hay decisiones incomprensibles. Según el ente de control, por ejemplo, en vez de pagar $541 millones a Glencore cuando esta empresa incumplió sus obligaciones, Ecopetrol debió haberla sancionado. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué la Junta Directiva tomó esa decisión? ¿Cómo le explicamos esto al país?

En una carta, Juan Carlos Echeverry, presidente de la petrolera nacional, señaló que “el Grupo Ecopetrol, de cara al país, lamenta lo sucedido y presenta disculpas públicas por los retrasos y sobrecostos derivados de la actuación de los contratistas”. También dijo que ya están en curso procesos de arbitraje para que el contratista responda por los sobrecostos, los cuales, insiste, no se debieron a actos de corrupción.

Esperamos que esas reclamaciones lleguen a buen puerto y sirvan para compensar el hueco fiscal generado en este proyecto. Sin embargo, insistimos, no basta con pedir disculpas. Si en efecto se trató de una incompetencia reiterada del contratista, ¿dónde estaba la vigilancia de la empresa? ¿Por qué no se hizo algo antes? ¿No podía evitarse de ninguna manera este desperdicio? Cuesta creerlo. ¿Acaso, como sugieren muchos, la bonanza petrolera se creyó suficiente para tolerar los exorbitantes sobrecostos? ¿Qué dice eso, entonces, de la capacidad de planeación?

En entrevista con La FM, Echeverry dijo que “los colombianos pueden estar tranquilos. Esto nunca volverá a suceder”. Es lo mínimo. La Contraloría debe seguir jugando un rol esencial en dar cuenta de estos problemas para que, en efecto, algo así nunca ocurra de nuevo.

Editorial del diario
El Espectador de Colombia, del 9 de diciembre del 2016
Redacción

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