EL SALVADOR SE DISCUTE UN PROYECTO PARA ELIMINAR EL COBRO
Tarifa de telefonía fija en el Congreso
La eliminación del cargo básico por acceso a la red fija de telefonía está de nuevo en la cancha del Congreso salvadoreño, luego que el presidente Mauricio Funes devolvió el proyecto con observaciones, aduciendo que tal definición no existe en la Ley de Telecomunicaciones.
De los 84 diputados, 78 –incluyendo los del principal partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena)– aprobaron el 21 de enero pasado el decreto 250, que ordena eliminar el cargo básico y no el “cargo de acceso” por estar conectado a la red, según el artículo 6 de la Ley de Telecomunicaciones.
En sus observaciones, Funes tampoco está de acuerdo con el argumento utilizado por los legisladores de que al menos la tarifa debería ser similar a la que se cobra en el resto de países de Centroamérica, donde no sería más de $5,00 al mes, según ellos.
Otras consideraciones hechas por el Mandatario se refieren a que la actual tarifa fija no se ha incrementado desde el 2002, a pesar del aumento de la inflación, y además de que no se consultó de forma amplia con las empresas y otros sectores de la sociedad.
El jefe de Estado añadió que también planteó a las empresas telefónicas reducir la tarifa de $9,14 a $7,16, y aunque las compañías no se han pronunciado, la disminución debería ser aprobada por el pleno legislativo.
Las tres compañías telefónicas más grandes que operan en El Salvador (Claro, Movistar y Tigo) reciben ingresos superiores a los $125 millones al año, solo por el cobro del cargo básico de telefonía fija residencial y comercial.
Respuesta de diputados
El diputado Roberto d’Abuisson, de Arena, dijo que las observaciones hechas por el mandatario no son del todo claras y mostró una factura telefónica en la que el pago por conectarse a la red está definido como “cargo básico”, por lo que la inexistencia del concepto razonado por Funes no tiene ningún sentido.
Francisco Zablah, legislador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), argumentó que para tomar una nueva decisión sobre el polémico decreto es necesaria una discusión más amplia de la tarifa y añadió que también debería incluirse un estudio sobre el costo de la telefonía celular, porque es “lo que más tenemos en uso”.
El presidente de la Asamblea Legislativa y secretario general del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Ciro Cruz Zepeda, afirmó que lo más conveniente es que el decreto y las observaciones del Ejecutivo se envíen a la comisión financiera para que los analice más detenidamente o que se archiven para retomar su discusión seis meses después como lo manda la ley.
El parlamentario por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Roberto Lorenzana, mantiene la posición original de su partido en el sentido de que “lo conveniente es ratificar el decreto, porque el Presidente no recomendó que se mantenga el cargo, ni que se reduzca”.
Las compañías amenazaron con retirar sus inversiones si el decreto se ratificaba aduciendo que el cobro en cuestión, quedó establecido tras la privatización de la telefonía en 1998, como un mecanismo para recuperar sus inversiones.
Sin embargo, según el ex superintendente de telecomunicaciones, Tomás Campos Villafuerte, la inversión fue recuperada en el primer año de operaciones.
