Alma Solís

Capital

Un año y cuatro meses han pasado desde que Capital conversó frente a frente con el protagonista de una de los escándalos financieros más impactantes en Panamá y Colombia, David Murcia Guzmán, presidente internacional de la empresa DMG, quien en aquel entonces se presentaba como un empresario colombiano dispuesto a expandir su negocio a Latinoamérica, incluyendo Panamá.

Hoy este personaje se encuentra detenido enfrentando cargos de lavado de dinero y narcotráfico en Colombia. Los supuestos pecados cometidos por David, han desencadenado toda una historia, a la que algunos medios de comunicación han nombrado Murciagate, la que ha generado libros, ha influido en la política criolla panameña y hasta ha generado novelas. Esta tiene un capítulo entero escrito en Panamá y donde participan cerca de 800 panameños.

Estos protagonistas no son más que los clientes de la empresa DMG Panamá, quienes están reclamando alrededor de $4,5 millones, además de los beneficios que esa empresa ofrecía. En este listado tal como lo confirma el expediente que reposan en la fiscalía décimo cuarta del circuito de Panamá, encargada entre otras cosas de los delitos financieros, testimonian personas que vendieron o hipotecaron sus casas para obtener recursos y llevarlos a DMG, también hay declaraciones de quienes solicitaron préstamos bancarios o entregaron los ahorros de su vida.

Es que DMG aparentemente ofrecía retornos por arriba del 20%. Entonces una persona que firmaba un contrato por $10.000, podría estar recibiendo unos $2.000 mensuales y al final de los seis meses el total de su dinero el cual podría volver a colocar.

En el escenario panameño uno de los roles más importante lo tiene William Parodi, fiscal del caso, quien explicó que existe un tipo penal que está de moda y es el de captación ilegal de forma contínua y masiva, sin autorización, de lo cual se está acusando a Murcia Guzmán y a la empresa DMG.

Parodi también dentro de sus papeles es el encargado de reunir, investigar y localizar los fondos que servirán para devolverle el dinero a los clientes, un trabajo que no ha sido nada fácil aparentemente. Una de las situaciones, que las autoridades han identificado como difícil en este caso, es el hecho de que habían pocas cuentas a nombre de la misma empresa DMG y el trabajo ha consistido en ir buscando conexiones con otras sociedades anónimas para rescatar los fondos.

Capital conoció que los fondos encontrados en efectivo, hasta el momento, ascienden a alrededor de $1,5 millones, a lo que se le suma un yate valorado aproximadamente en unos $1,3 millones y diez autos de lujo entre los que se encuentran marcas como Ferrari, Hummer y Lamborgini, estos últimos pueden estar valorados en más de $100.000 cada uno. Es importante destacar que dentro de las investigaciones hay cuentas en más de diez bancos de la localidad.

Aún la auditoria de la fiscalía parece no haber terminado por lo tanto se desconoce la cifra exacta tanto de los reclamos como la de los dineros que existen para pagar.

Parodi explicó que además están tratando de determinar cuáles cuentas provienen de depositantes o de otras fuentes que no son dinero del público.

Ahora, dentro de esta situación, se están reclamando los beneficios que ofrecía DMG al público, algo que está sustentando en los contratos que la empresa firmaba con los clientes.

El documento al que Capital tuvo acceso establece una relación de servicios profesionales en concepto de publicidad y no mencionan la palabra inversión.

Según el fiscal sería imposible tratar de resarcir los beneficios, porque la empresa no rendía tales beneficios, pero explicó que esta decisión estará en manos del juez.

Actualmente la fiscalía revisa los contratos que tienen fechas de cinco o seis meses antes del cierre de DMG, ocurrido el 20 de noviembre de 2008. En estos contratos se está revisando qué personas utilizaron las comercializadora, cuánto se le llegó a abonar a través de retiros, de cartas de crédito y otras formas de pago.

En el caso DMG la fiscalía tiene 800 declaraciones de supuestas víctimas, pero solo una denuncia. Hasta el momento de su cierre tal parece que DMG nunca dejó de pagar a sus clientes, lo que de una a otra forma a molestado a los clientes quienes se sientes más afectados por las acciones legales que por DMG.

De acuerdo con el abogado José Moncada lo clientes de DMG tienen derecho a pedir sus beneficios porque hay un contrato firmado. Moncada explicó que si se prueba que había algo pactado de buena fe, lo cual se presume, ellos tienen el derecho. Agregó que la empresa fue cerrada por una acción del gobierno y por la presunción de un delito que aún no ha sido probado.

En Colombia los fondos encontrados fueron divididos en partes iguales por todos los clientes, tocándole a cada uno alrededor de $150, una cifra mínima para quienes habían depositado miles.

En Panamá el fiscal dijo que no se puede saber con exactitud cuando se recibirán los pagos, porque la investigación aún esta abierta y cuando llegue a los tribunales es que se definirá.

Mientras la autoridades panameñas dicen haber aprendido una lección del caso Murcia y están en revisando los procesos de inscripción de sociedades anónimas y de empresas, lo cierto es que los denominados pecados de David, seguirán en escena.