Delación premiada no debe significar impunidad

Es fundamental que cuando se registre una delación premiada que culmine en un acuerdo de pena, el Ministerio Público esté obligado a poner a disposición de los afectados el contenido de la confesión de los hechos por parte del o los sindicados

De haber realizado su labor de forma diligente los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados no tendrían hoy que enfrentar la falta de confianza que caracteriza a la Opinión Pública en cuanto a que los escándalos de corrupción, registrados durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli, culminen una vez más en impunidad.

Y es que de haber discutido el proyecto de ley 245, cuando el mismo le fue presentado a su consideración por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se habría evitado que el debate sobre la necesidad de incorporar al Código Penal y al Código Procesal Penal las herramientas que permitirían acelerar las investigaciones y los procesos judiciales, (que aún se tramitan mediante el sistema penal inquisitivo y que sirven para facilitar el reconocimiento de la culpa por parte de los imputados) no se diera a la sombra del escándalo generado por la confesión de la empresa Norberto Odebrecht, de que pagó sobornos o coimas a funcionarios públicos panameños para verse favorecida con la adjudicación de importantes obras de infraestructura pública.

En consecuencia, el debate se ve hoy acremente empañado por criterios políticos encontrados y la creciente percepción de que, más que favorecer la impunidad, algunos diputados puedan estar buscando evitar que el Ministerio Público pueda contar con instrumentos como la delación premiada y los acuerdos de pena, por temor a que finalmente sus nombres aparezcan implicados, ya sea en el Caso Odebrecht o en otros presuntos actos de corrupción, incluyendo el manejo irregular de las partidas circuitales y el escándalo del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Sin embargo, la realidad es que el país no puede ignorar la necesidad de encontrar una salida a los más de 4.000 procesos penales que se encuentran estancados en los tribunales, debido a que se iniciaron bajo el sistema penal inquisitivo. Y es que los procesos que se han registrado, tras la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, han sido resueltos de forma expedita y no pocas veces, gracias a que las personas involucradas en la comisión de algún delito han aceptado su responsabilidad en busca de una justicia más benevolente, en lugar de recurrir a las estrategias dilatorias del pasado.

Dicho eso, cabe aclarar que es importante que en el articulado de esa iniciativa legislativa se establezca muy claramente que aquellas personas que han cometido un delito, y poseen información sobre otras personas que han participado y obtenido mayores beneficios de esa misma acción ilegal (los llamados “peces gordos”), podrán ser premiados con una rebaja substancial de la pena correspondiente a la gravedad de sus actos, pero bajo ningún concepto serán exonerados de culpa y enviados a casa como si nada hubiese ocurrido.

También es fundamental que cuando se registre una delación premiada que culmine en un  acuerdo de pena, el Ministerio Público esté obligado a poner a disposición de los afectados el contenido de la confesión de los hechos por parte del o los sindicados, lo que en el caso de actos de peculado o corrupción de funcionarios públicos implica la divulgación de los nombres de quienes han atentado contra las arcas del Estado y, por tanto, contra la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Hay que recordar que tanto la delación premiada como los acuerdos de pena son solo instrumentos, herramientas, sin un fin en sí mismas, pues el objetivo que les ha dado legitimidad es facilitar el conocimiento cierto de la verdad y la sanción ejemplar a los responsables máximos de la comisión de un delito.

Por tanto, nada justifica que se conviertan en instrumentos para facilitar la impunidad, por lo que tal como lo ha señalado el Colegio Nacional de Abogados (CNA), los diputados deben atender la necesidad de incluir, en la redacción actual del proyecto de Ley 245, una serie de adiciones orientadas a garantizar condiciones de neutralidad y equilibrio en los procesos judiciales.

Pedimos lo anterior entendiendo que la sociedad panameña, por mayoría abrumadora, está exigiendo que todo delito contra la administración pública sea castigado ejemplarmente, pues considera que este es el primer paso para demostrar ante la comunidad internacional que Panamá está comprometido con el esfuerzo de combatir la corrupción de forma efectiva y firme. Hacia allá hay que encaminar todos nuestros esfuerzos.

Redacción

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