Debemos fortalecer a la Superintendencia de Seguros

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El sector financiero panameño, uno de los pilares de la economía panameña, se ha visto afectado por diversas situaciones ocurridas durante el 2016 que no vale la pena recordar si no es para destacar que, gracias a ellas, el Gobierno panameño y el sector privado han trabajado -de forma mancomunada- para desarrollar e implementar estándares internacionales, con el propósito de blindar al país contra las acciones de lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.

Panamá ha dado pasos importantes en esa dirección y así lo han reconocido organismos internacionales, pero las huellas de los golpes dirigidos al sector financiero no se borrarán de un día para otro, por lo que se requiere del compromiso y el liderazgo de éste y de los próximos gobiernos.

Sin embargo, la semana pasada este sector y, en especial, la industria aseguradora, recibió el anuncio del superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, José Joaquín Riesen, sobre la intervención de la empresa reaseguradora Istmo Re, tras detectarse que esta empresa no contaba con el patrimonio neto requerido para seguir operando.

La intervención de esta empresa reaseguradora, cuyas alertas se empezaron a reflejar hace un año, se mantendrá por lo menos seis meses.

Se trata de una situación que vuelve a golpear al sector, y que afecta la imagen de Panamá, en un año que ha sido difícil para el país en cuanto a los daños causados a su buena reputación como centro financiero internacional

Pero Istmo Re, con 30 años de operación, no es la única empresa ligada a la actividad aseguradora que ha pasado por esta situación recientemente, toda vez que en agosto de 2015 se ordenó la intervención de Seguros Constitución, cuyo proceso de liquidación podría finalizar este mismo año y, un año después, en septiembre de 2016, ocurrió lo mismo con Seguros Confianza.

Un proceso de liquidación ordenado en el 2015, y dos en el 2016, nos llevan a preguntarnos: ¿Cuántas aseguradoras correrán la misma suerte en el próximo año? y ¿qué efectivas son las leyes y la labor del regulador?

Debido a la crisis política, que afecta a países vecinos  varios empresarios decidieron invertir en el sector seguros en Panamá; no obstante, la realidad es que en los últimos años algunas de las empresas surgidas en este proceso se han visto afectadas por las nuevas regulaciones orientadas a robustecer el mercado, mediante el fortalecimiento del patrimonio, la aplicación del Gobierno Corporativo y la prevención del lavado de dinero.

Por supuesto que nadie duda o debe dudar de la fortaleza de la mayoría de las empresas aseguradoras que operan en Panamá, ya que muchas de ellas son filiales de compañías con amplio prestigio internacional o empresas panameñas que no sólo han tenido éxito a nivel local, sino que han logrado expandir sus operaciones exitosamente a diversos países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Pero tampoco es menos cierto que noticias como ésta terminan por afectar a un sector que se encuentra en un proceso de consolidación, de reacomodo y de expansión a nuevos mercados, a través de los microseguros y la utilización de nuevos canales de distribución.

Este tipo de situaciones, además de afectar la imagen de esta industria a nivel internacional, genera desconfianza en la población, lo que es igual de perjudicial; más aún, en estos momentos en los que la industria está inmersa en la aplicación de controles  más estrictos y a la implementación de nuevas exigencias regulatorias, que representan no sólo un reto en términos de administración, sino también la obligación de realizar nuevas inversiones.

Un elemento fundamental para poder enfrentar, anticipadamente, este tipo de situaciones es la necesidad de brindar mayores recursos al regulador, para que pueda brindar una adecuada supervisión a las 28 empresas aseguradoras que operan en el país, así como a las nueve empresas de reaseguros y al resto de los regulados.

El presupuesto asignado de $3,5 millones con que cuenta la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá es el más bajo entre todos los reguladores del mercado financiero.

El superintendente Riesen sostuvo recientemente que la entidad a su cargo viene tomando acciones para subir el estándar de supervisión y ha aprobado nuevas regulaciones, tales como la incorporación del Gobierno Corporativo, a partir del próximo año, lo cual comprometerá todavía más a las juntas directivas a  identificar los mayores riesgos que están corriendo, además de la legislación que impacta la suficiencia de reservas.

Sin embargo, no se obtendrán los resultados esperados, si no se establece una adecuada supervisión y no se dota al regulador con los fondos necesarios para cumplir a cabalidad sus funciones.

Todo el sector financiero panameño está bajo escrutinio internacional, por lo que precisa que las medidas que se están tomando se apliquen sin contemplaciones, y que las situaciones riesgosas se detecten a tiempo.

A  partir del próximo  año la Superintendencia de Seguros y Reaseguros recibirá unos $5 millones adicionales, que corresponden a una parte de los impuestos que paga la industria aseguradora, dineros que deben servir para fortalecer a la institución.

Ya  Riesen anunció, en su última conferencia de prensa, que estos nuevos recursos se utilizarán para la capacitación y contratación de nuevo personal y la apertura de una oficina en la provincia de Chiriquí, ante la crecimiento de la industria en esta regiòn del país.

Hay mucho por hacer, tomando en cuenta que en materia de regulación existía en la industria  un retraso considerable con respecto a los avances que exhiben otros sectores, como la banca. Ahora se requiere recuperar el tiempo perdido y garantizar que el mercado de seguros panameño pueda madurar, en un entorno internacional complicado.

El futuro de la industria está en las manos de cada uno de sus integrantes, pero gran parte de su buen desempeño depende de la labor que pueda realizar el ente regulador. Esperamos que así suceda.

Redacción

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