Combatir la corrupción para salvar el futuro

Las autoridades encargadas de este proceso deben atender el clamor de los ciudadanos para que se den a conocer los nombres de todos los involucrados

No cabe la menor duda que el país atraviesa tiempos difíciles y que los panameños debemos enfrentarlos con decisión y valentía, porque lo que está en juego no solo es la estabilidad del sistema democrático, sino también nuestro futuro como nación.

Las confesiones hechas a las autoridades judiciales de Estados Unidos (EE.UU.) y Brasil por la Constructora Norberto Odebrecht sobre el pago de $59 millones en sobornos a funcionarios públicos, localmente conocidos como “coimas”, con la finalidad de adjudicarse diversas licitaciones públicas que, supuestamente, le generaron a esa empresa una ganancia estimada de $175 millones ha puesto en evidencia que, en los últimos años, la corrupción inundó todos los segmentos y sectores de la sociedad.

Por primera vez los panameños tenemos la certeza de que las sospechas de actos irregulares en las licitaciones públicas eran ciertas y que el país ha pagado de más en un número plural de proyectos de infraestructura: Por una parte, para satisfacer la avaricia de quienes en lugar de defender los intereses y recursos del país aprovecharon su posición en el engranaje estatal para enriquecerse ilícitamente; y por la otra, para generar una plusvalía ilegítima a favor de una empresa que tomó ventaja de quienes accedieron a poner en venta su conciencia.

Ante esta realidad todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del país estamos en el deber y la obligación de sumarnos al exhorto hecho por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), al Ministerio Público y demás autoridades competentes para que “realicen las investigaciones del caso, con independencia y prontitud”.

Ciertamente, como señaló la Cciap, en un comunicado en el que dio a conocer la expulsión de Odebrecht de sus filas, estas investigaciones deben desarrollarse con estricto apego al Estado de Derecho; sin embargo, las autoridades encargadas de este proceso deben atender el clamor de los ciudadanos para que se den a conocer los nombres de todos los involucrados, como es nuestro derecho, de forma que se pueda constatar que cada uno de los responsables de estos actos de corrupción sean castigados ejemplarmente y que sus delitos no se queden impunes.

Y es que, tal como advierte la Cciap, este es un momento crucial para el país, porque nos abre la posibilidad de que “enviemos el mensaje claro de que en Panamá se respetan las leyes”, algo que es de vital importancia, luego de un año en el que la imagen del país ha sido sometida a un ataque permanente y sistemático de quienes precisamente nos acusan de ser un paraíso fiscal y de contar con un sistema judicial inoperante que facilita la corrupción en nuestras estructuras empresariales y la administración pública, así como el lavado de dinero proveniente de actos ilícitos perpetrados en otros países.   

Los panameños debemos comprender que es nuestra obligación luchar con todas nuestras fuerzas y hacer todo lo que sea necesario para que este escándalo sin precedentes, que significa el caso de corrupción masiva que confesó Odebrecht, no quede impune; porque si no hacemos una limpieza profunda de este cáncer maligno, que es la corrupción, seremos cómplices del descalabro moral e institucional que tendremos en el país.

Es importante reconocer que, hasta el momento, la constructora Norberto Odebrecht ha expresado su disposición para colaborar con las autoridades del Ministerio Público y ha comenzado a suministrar a los fiscales la información que le ha sido requerida; sin embargo, también hay que advertir que los panameños no van a aceptar que esta empresa salga de este proceso mediante un acuerdo judicial que no contemple un verdadero resarcimiento del daño ocasionado a las arcas públicas, que sin duda supera los $234 millones ($59 millones que se pagaron en sobornos y $175 millones que presuntamente fue la ganancia generada por ese pago)  mencionados por el Departamento de Justicia de EE.UU., y el sometimiento a la justicia, no sólo de quienes recibieron “coimas”, sino también de los ejecutivos de la empresa encargados de gestionar esos pagos ilegales.

En cuanto a las obras que esa empresa brasileña ejecuta en este momento, entre las que destacan la construcción de la Línea 2 del Metro, la Tercera Línea de Transmisión de Energía, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el proyecto de Renovación de la ciudad de Colón, las mismas deben ser culminadas y lo prudente sería que el Ejecutivo, en su calidad de dueño de los proyectos, explore la posibilidad de que la responsabilidad de gestionarlas recaiga sobre las empresas locales o internacionales que forman parte de los consorcios que las ejecutaron.

Además se debe encontrar la fórmula legal para suspender la concesión para el diseño y construcción de la hidroeléctrica Chan II, la cual requiere de una inversión estimada en $1.000 millones.

En el caso de la Línea 2 del Metro, el Ejecutivo y la sociedad panameña deben mantenerse vigilantes para garantizar que Odebrecht cuenta con el financiamiento necesario para culminar su construcción exitosamente;  de lo contrario, se debe buscar una fórmula para que la responsabilidad de culminar esa importante obra recaiga sobre el resto de las empresas que conforman el Consorcio Línea 2 u otra empresa.

Finalmente, debemos advertir la importancia de que, tanto el Ejecutivo como el Órgano Legislativo, adopten de forma inmediata todas la medidas que sean necesarias para prevenir legalmente que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir en un futuro, lo que implica retomar la discusión de las reformas a la Ley de Contrataciones Pública y la modificación del Código Penal y Procesal Penal para impedir que los casos de peculado y corrupción de funcionarios puedan prescribir, e incluir en cualquier ley que facilite la utilización de los acuerdos judiciales de delación premiada en casos de corrupción, la obligación del Ministerio Público de dar a conocer a la comunidad el contenido de los mismos, los nombres de las personas involucradas y la sanción impuesta, para de este modo garantizar que las personas jurídicas involucradas en este tipo de delitos sean sancionadas con multas ejemplares y que sus ejecutivos involucrados sean sancionados penalmente.  

Redacción

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